El sector de la seguridad privada vive un momento de máxima tensión en España, con una negociación colectiva que se ha complicado y con numerosos frentes abiertos que reflejan una realidad laboral cada vez más convulsa.
Convenio, salarios y disputa por la subida
El actual convenio estatal pactó un incremento acumulado del 16 % en los salarios entre 2023 y 2026.
Sin embargo, de cara al próximo ciclo (2027–2030), la patronal lo ha planteado como un “último ofrecimiento”: un aumento global del 16 % repartido de forma progresiva a lo largo de esos años, con subidas anuales moderadas.
Varios sindicatos lo consideran insuficiente, alegando que los sueldos base siguen siendo bajos, que los pluses por penosidad, nocturnidad o transporte no reflejan la realidad del sector, y que la subida no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
Por su parte, la patronal defiende que una subida más agresiva podría comprometer la viabilidad de muchas pymes del sector, especialmente en un contexto de licitaciones públicas competitivas y márgenes ajustados.
Digitalización, nuevas tecnologías y cambio de paradigma
Pero el debate no es solo salarial: la transformación tecnológica también aparece como eje central del futuro del sector. En anteriores negociaciones ya se incluyó la creación de una “mesa de anticipación al cambio” para adaptar el convenio a nuevas categorías laborales vinculadas a la tecnología y la innovación.
Además, eventos como Sedexpo 2025 reúnen a empresas, sindicatos y expertos para debatir los retos de la seguridad privada ante la irrupción de la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el uso de drones, sistemas de vigilancia inteligente y nuevas herramientas de control (cámaras, analítica de datos, control de accesos automatizado…).
Interempresas
Estas transformaciones obligan a replantear las funciones de los vigilantes, su formación, sus categorías profesionales y, por tanto, las condiciones laborales.
Infractores: sanciones a empresas del sector
La conflictividad se extiende también a las empresas. Recientemente, EULEN Seguridad ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por graves deficiencias en un servicio de vigilancia: condiciones extremas de calor, jornadas de hasta 12 horas sin pausas, falta de ventilación en vestuarios, ausencia de agua potable o malas condiciones de accesos, entre otros incumplimientos.
Alternativa Sindical
Otro caso es el de Segurisa, que también ha recibido actas de la Inspección en 2025 por infracciones relacionadas con los servicios prestados en Galicia.
Alternativa Sindical
Este tipo de sanciones evidencian que el sector sigue enfrentando problemas graves de condiciones de trabajo, con riesgos para muchas plantillas.
Agresiones, precariedad y riesgos en primera línea
Los trabajadores de seguridad privada denuncian también un incremento de las agresiones: un ejemplo reciente que ha generado alarma es la agresión sufrida por un vigilante en un centro comercial en Galicia, donde el agresor, presuntamente bajo efectos tóxicos, atacó al trabajador, causándole lesiones y mordeduras.
Según los sindicatos, este tipo de incidentes son una consecuencia directa de la precariedad estructural del sector: bajos salarios, dotaciones mínimas de personal, falta de equipos de protección adecuados (chalecos anticorte, medios de autoprotección), y jornadas extenuantes.
Formación, pruebas de acceso y futuro profesional
Con el horizonte de renovación del convenio y la transformación tecnológica, también se abre la necesidad de revisar los mecanismos de entrada al sector: formación actualizada, especialización en nuevas tecnologías y procedimientos de selección más exigentes. En el debate está también garantizar que quienes accedan al sector cuenten con formación homologada, condiciones dignas y se adapten a un modelo en evolución.
Este conjunto de factores —negociación salarial, digitalización, sanciones a empresas, riesgos laborales y cambio generacional— colocan al sector de la seguridad privada en un momento delicado, de transición y litigio constante. El desenlace de la negociación del nuevo convenio, junto a la regulación de las nuevas formas de vigilancia y la garantía de derechos laborales, será clave para definir si este sector logra profesionalizarse o sigue hundido en la precariedad.
