La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha una nueva edición del Curso Básico de Formación como Policía Judicial Genérica, dirigido a los agentes del medio natural de la Dirección General de Montes y Biodiversidad y a los agentes de la Dirección General de Pesca. El objetivo es reforzar su capacitación para la investigación de ilícitos ambientales y actualizar sus conocimientos técnicos y jurídicos.

La iniciativa, organizada por el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP), se ha desarrollado a lo largo de varias jornadas y ha permitido profundizar en las herramientas necesarias para el ejercicio de las funciones propias de la policía judicial genérica, con especial atención a la investigación de delitos relacionados con el medio natural.

Durante el curso se han abordado contenidos teóricos y prácticos sobre la regulación, composición y atribuciones de la policía judicial, los procesos de investigación y prueba de delitos, la elaboración de atestados e informes, y las técnicas de actuación con testigos e identificación de personas.

Asimismo, la formación ha incluido una parte práctica centrada en la inspección ocular, el registro de vehículos e instalaciones, la recogida de muestras, la identificación de infractores, la valoración de daños y el decomiso de efectos prohibidos, dotando a los agentes de competencias aplicables directamente en su labor diaria.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha destacado el papel “esencial” que desempeñan estos agentes como garantes del cumplimiento de la normativa ambiental y colaboradores activos de la Administración de Justicia.

“Invertir en su formación es invertir en la conservación del patrimonio natural de Cantabria y en la seguridad jurídica de las actuaciones en el territorio”, ha señalado Susinos.

La consejera ha añadido que el conocimiento social de las competencias de los agentes “contribuye al respeto institucional, evita situaciones de conflicto derivadas del desconocimiento y refuerza la labor disuasoria frente a las infracciones administrativas y los delitos medioambientales”.