Una de las noticias que más revuelo está generando actualmente en el ámbito de la seguridad privada en España es la posible prohibición de que Prosegur, uno de los grandes referentes del sector, pueda contratar con la Administración Pública durante un periodo superior a nueve meses.

Según distintas informaciones periodísticas, esta medida, promovida desde el Ministerio de Hacienda, se apoyaría en la detección de presuntas irregularidades de especial gravedad en servicios de vigilancia y seguridad desarrollados en infraestructuras ferroviarias, con especial atención al contrato de ADIF en Cataluña.

Desde hace tiempo, los sindicatos del sector vienen alertando de prácticas que podrían vulnerar tanto la normativa laboral como la legislación específica de seguridad privada, entre las que destacan:

• La facturación de horas que no habrían sido realmente trabajadas.
• El empleo de personal sin la correspondiente habilitación oficial.
• Las rotaciones excesivas de vigilantes en enclaves especialmente sensibles, como la estación de Barcelona Sants.
• La realización de jornadas extremadamente prolongadas, de hasta 24 horas continuadas, sin los descansos legalmente establecidos.

Si este veto se confirma y se mantiene en el tiempo, supondría un duro golpe para la compañía y podría marcar un antes y un después en la contratación pública de servicios de seguridad privada, afectando de lleno a estaciones ferroviarias, infraestructuras críticas y otros servicios estratégicos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles, garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad y asegurar que la seguridad privada opere con todas las garantías, especialmente cuando está al servicio de infraestructuras clave para la ciudadanía.