El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado su competencia para instruir una causa penal que inicialmente se estimaba como una sustracción de menor ordinaria. En este caso se investiga a un hombre separado de su pareja que supuestamente se llevó de Canarias a la península a su hija menor sin autorización, permaneciendo con ella en Málaga durante cinco meses antes de su regreso a Las Palmas por mandamiento judicial.
La magistrada entiende que puede tratarse de un claro ejemplo de violencia vicaria, es decir, una conducta dirigida a dañar a la madre mediante la instrumentalización del menor. Por ello, además de la investigación por sustracción, también se analiza un presunto delito de maltrato habitual hacia la madre. Con base en estas sospechas, se ha impuesto al investigado una medida cautelar de alejamiento y de prohibición de comunicación con la niña de ocho años mientras se desarrolla la investigación.
El auto representa un paso importante en el reconocimiento de la violencia vicaria como modalidad de violencia de género, y subraya que la protección de las madres y el bienestar de los menores deben atenderse de forma conjunta. La decisión también marca un precedente en la atribución de competencia a los órganos especializados cuando existen indicios de que la sustracción se llevó a cabo con fines de daño o control psicológico hacia la progenitora.
