Un dossier de inteligencia elaborado en el entorno de Diosdado Cabello vuelve a poner en evidencia la guerra interna del chavismo y amenaza con tener derivadas políticas fuera de Venezuela, especialmente en España. El documento, que afecta directamente a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge, incluye información sensible sobre relaciones políticas, empresariales y financieras que también alcanzan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, de forma indirecta, al actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Durante más de veinte años, el poder chavista ha estado marcado por una pugna soterrada entre dos bloques: el ala militar y el sector civil-tecnocrático. Una confrontación silenciosa, sostenida mediante operaciones de inteligencia, equilibrios forzados y alianzas tácticas, que hoy ha saltado a la superficie tras la caída de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez a la presidencia interina.
Diosdado Cabello ha sido, desde los inicios del chavismo, una de las figuras más influyentes del régimen. Militar de carrera y protagonista del golpe fallido de 1992, su ascendencia sobre las Fuerzas Armadas lo convirtió durante años en un pilar indispensable para Hugo Chávez. Su papel durante el golpe de abril de 2002 —cuando asumió brevemente la presidencia interina— consolidó su imagen de lealtad absoluta y lo blindó políticamente.
A lo largo de los años, Cabello ocupó puestos clave en el Ejecutivo y en el partido, hasta consolidarse como secretario general del PSUV y “número dos” del régimen. Su poder siempre se apoyó en el control territorial, la estructura militar y los servicios de inteligencia.
En paralelo, Jorge y Delcy Rodríguez crecieron dentro del chavismo desde un perfil distinto. Más técnicos que orgánicos, más civiles que militares. Jorge Rodríguez destacó como estratega electoral y operador político, mientras que Delcy Rodríguez fue ganando peso como figura diplomática y negociadora, especialmente en el contexto de sanciones internacionales.
Hugo Chávez utilizó deliberadamente esta dualidad como mecanismo de control interno: Cabello garantizaba la lealtad armada; los Rodríguez, la ingeniería electoral y la gestión institucional.
Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro optó por reforzar al bloque civil frente al militar. La influencia de los Rodríguez creció de forma sostenida, mientras Cabello veía erosionado su margen de maniobra política.
La rivalidad se hizo visible en 2017 con la Asamblea Nacional Constituyente y terminó de romperse en 2025, cuando una serie de purgas internas debilitó el entorno de Cabello. El punto de inflexión llegó el 3 de enero de 2026, con la caída de Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Desde entonces, Venezuela vive un equilibrio de poder extremadamente frágil: legitimidad institucional frente a control armado.
En este contexto emerge la figura de Pedro Luis Martín Olivares, exalto cargo de la inteligencia venezolana y hombre de confianza del entorno de Cabello. Martín, exdirector de inteligencia financiera de la antigua DISIP (hoy SEBIN), es señalado por Estados Unidos como objetivo prioritario y sobre él pesa una recompensa millonaria.
Durante años, habría recopilado información comprometedora sobre dirigentes chavistas, empresarios y políticos extranjeros, utilizando escuchas, informantes y estructuras paralelas de inteligencia. Parte de ese material habría sido integrado en un dossier centrado en los hermanos Rodríguez y sus vínculos internacionales, incluida su relación con José Luis Rodríguez Zapatero.
Martín ha sido vinculado a narcotráfico, blanqueo de capitales y al denominado Cártel de los Soles. En 2018 fue sancionado por la OFAC junto a Diosdado Cabello por mover fondos ilícitos a través de paraísos fiscales.
Tras su salida de los servicios de inteligencia, Martín Olivares fundó varias empresas de seguridad que obtuvieron contratos públicos. Paralelamente, prestó servicios a compañías vinculadas al empresario venezolano Omar Farías, conocido como el “zar de los seguros”.
Farías ha estado implicado en múltiples causas judiciales internacionales por fraude y blanqueo, incluyendo el caso PDVSA y el escándalo del Banco Madrid-Andorra. Investigaciones apuntan a que actuó como receptor o custodio parcial del dossier elaborado por Martín, lo que añade una dimensión empresarial y financiera a la trama.
Las investigaciones también señalan al empresario español Víctor de Aldama como enlace entre los intereses venezolanos y España. Aldama habría participado en operaciones inmobiliarias de alto valor vinculadas al entorno de Farías y aparece mencionado en diversas causas judiciales en territorio español.
Su nombre cobró especial relevancia tras el conocido “Delcygate”, la reunión de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas entre Delcy Rodríguez y el entonces ministro José Luis Ábalos. Según informes policiales, Aldama habría intervenido en operaciones relacionadas con lingotes de oro venezolanos y mantenido comunicaciones directas con la actual presidenta interina de Venezuela.
Fuentes venezolanas aseguran que Delcy Rodríguez conoce la existencia del informe y ha mostrado interés en saber cuántas copias existen y quién las controla. El documento incluiría información altamente sensible sobre operaciones energéticas, comisiones internacionales, explotación minera, movimientos financieros y pagos que comprometerían tanto a dirigentes venezolanos como a figuras políticas españolas de primer nivel.
La existencia de este dossier añade un nuevo factor de inestabilidad al proceso político venezolano y abre interrogantes sobre posibles consecuencias judiciales y diplomáticas en España. Un archivo que, de salir a la luz, podría redefinir alianzas, responsabilidades y silencios mantenidos durante años.
