La baliza V16, obligatoria desde el pasado 1 de enero, ha generado un intenso debate entre los profesionales de la seguridad vial. Aunque nació con el objetivo de mejorar la protección de los conductores en caso de avería o accidente, varias asociaciones de guardias civiles advierten de que el sistema puede convertirse en un riesgo añadido, especialmente en materia de seguridad ciudadana.

El principal problema, según denuncian, es que la baliza envía automáticamente la geolocalización exacta del vehículo a la Dirección General de Tráfico, lo que permitiría que cualquier persona pudiera acceder a esa información en tiempo real. Esto abre la puerta a que bandas organizadas o delincuentes comunes localicen coches detenidos en el arcén y se desplacen hasta ellos para robar el vehículo o asaltar a sus ocupantes, una situación especialmente peligrosa si el incidente se produce de noche o en una carretera secundaria.

Desde la asociación JUCIL aseguran que el sistema “no solo compromete la seguridad vial, sino también la seguridad ciudadana”, al facilitar de forma abierta la localización de vehículos averiados o accidentados. A su juicio, la implantación de la baliza está demostrando “una clara inoperatividad” en estos primeros días y supone “una peligrosa oportunidad para la delincuencia”, aprovechando el aislamiento y la vulnerabilidad en la que queda el conductor, muchas veces en mitad de la nada.

Pese a estas advertencias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido públicamente el sistema y ha asegurado que la geolocalización “no supone ningún riesgo” y que, por el contrario, incrementa la seguridad. Según explicó, la información permite a Tráfico detectar de forma inmediata un vehículo averiado y avisar a las unidades correspondientes, lo que reduciría el peligro.

Sin embargo, JUCIL insiste en que la localización debería ser una información restringida y reclama una revisión urgente del sistema. Consideran que el acceso a los datos de ubicación debería limitarse exclusivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lamentan que la normativa se haya aprobado sin contar con el criterio de los agentes de Tráfico y Seguridad Ciudadana, que conocen de primera mano la realidad de las carreteras.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) piden no generar alarmismo y señalan que, por el momento, no se han detectado robos vinculados al uso de la baliza V16. Aun así, reconocen que el dispositivo lleva muy poco tiempo en funcionamiento y aseguran que realizarán un seguimiento para comprobar si este tipo de delitos aumenta. En cualquier caso, advierten de otros riesgos asociados a la geolocalización, como la posible proliferación de las llamadas “grúas pirata”.

Según explica Diego Madrazo, coordinador de Tráfico de AUGC, existe el peligro de que aparezcan negocios oportunistas que ofrezcan asistencias no solicitadas, presentándose como servicios oficiales. Estas grúas podrían retirar el vehículo sin autorización del conductor y trasladarlo a depósitos o talleres no concertados, obligando después al usuario a pagar cantidades elevadas, ya que su aseguradora no se haría cargo del servicio.

Madrazo también alerta de que la geolocalización podría ser aprovechada por redes especializadas en el robo de vehículos de alta gama. “Sabemos que son capaces de sustraer un coche en España y trasladarlo al día siguiente a otro país de Europa del Este”, señala, por lo que insiste en que la información de ubicación debería estar mucho más protegida. En su opinión, la señal no debería ser visible a nivel nacional, sino geocercarse en un radio de dos o tres kilómetros, de modo que solo sea accesible para los vehículos que circulan por la zona.

Otro de los aspectos más cuestionados es la visibilidad de la baliza. Aunque desde el Ministerio del Interior se asegura que su alcance de un kilómetro garantiza que pueda verse con claridad, los agentes de Tráfico lo ponen en duda. En redes sociales se han difundido numerosos vídeos en los que la señal apenas se distingue a escasa distancia. “Los cuatro intermitentes de un vehículo son muchísimo más visibles que la V16”, afirma Madrazo, que teme un aumento de los accidentes por alcance, incluso contra vehículos oficiales perfectamente señalizados.

A este problema se suma la limitada autonomía del dispositivo, que solo garantiza 30 minutos de funcionamiento. Los agentes advierten de que las asistencias en carretera pueden demorarse más de una hora, lo que dejaría al vehículo sin luz y sin envío de localización, convirtiéndose en un obstáculo a oscuras en la calzada.

Por último, desde AUGC critican que la implantación de la baliza se haya hecho de forma precipitada. Consideran que el periodo de adaptación no ha servido para probar suficientemente el sistema ni para escuchar a los profesionales de la carretera. Además, recuerdan que gran parte del parque móvil español es antiguo y no dispone de navegadores, y que existe una importante brecha digital, especialmente entre conductores de mayor edad. En carreteras convencionales, donde no hay paneles de aviso variable, muchos usuarios podrían encontrarse con un vehículo detenido sin ninguna advertencia previa, algo que antes sí ofrecían los triángulos de preseñalización.

Según concluyen, quizá dentro de unos años, cuando la mayoría de los vehículos estén conectados, la baliza V16 resulte realmente útil. Pero, a día de hoy, su eficacia es, en su opinión, muy limitada.